En voz alta

Atónito me he quedado cuando he leído los titulares de las declaraciones de los imputados en el caso de Mogán, un pueblo de Gran Canaria, a quienes se les acusa de aprovecharse de sus puestos políticos en dicho ayuntamiento para lucrarse. Con los títulos me he conformado. Se han hecho públicas las diligencias judiciales y hay frases como para buenos titulares: “Antes de retirarme de la política, quiero quedarme con un buen patrimonio”. Los trapicheos que se tenían entre unos y otros, las orientaciones a la policía local para que mirasen para otro sitio y un largo sin fin de cosas, como mínimo, dejan a uno atónito.

Son los mismos que niegan la existencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuando es a ellos a quienes debe enviarse a los pupitres carcelarios para que durante largo tiempo se la aprendan de memoria y no se les olvide.

Alguno dirá que soy un inocente. Que ya no debe uno asombrarse por nada. Y no dejan de tener razón, porque la impresión es que en ese pueblo nadie que haya estado rondando en la toma de decisiones de asuntos inmobiliarios se queda sano y salvo. Lo más curioso es que, si bien antes de hacerse público parte del sumario pero habiendo sido ya imputados por el juez en esos delitos, el pueblo volvió a votarle en masa, y esta vez con más votos que la anterior legislatura. Como para preguntarse en qué país vive uno.

Se transcriben las conversaciones telefónicas ya no solo del alcalde, sino con otros ilustres parlamentarios de Canarias y con miembros del gobierno regional, y lo menos que puede hacer uno es cabrearse y desear que la justicia vaya más rápida y ponga a cada uno en su sitio. Porque lo que a todas luces es injusto es que todos estos señores y señoras sigan en sus puestos públicos y cobrando de los impuestos que pagamos todos. Hay dudas muy serias de que hayan estado o estén al servicio del pueblo.